CUP, Metges y Satse denuncian irregularidades en concesiones sanitarias

La CUP y los sindicatos Metges de Catalunya, SATSE y la CGT han denunciado conjuntamente presuntas irregularidades en la concesión del CAP Muralles de Tarragona, investigada por la Guardia Civil. En conferencia de prensa, representantes de estas organizaciones han manifestado sus sospechas de que se trata de "la punta del iceberg" de un entramado de irregularidades de más calado.

El juzgado número 2 de Tarragona investiga al ex gerente de la empresa pública Gestión y Prestación de Servicios de Salud (GiPSS). Xavier Bria, sociedad que gestionó el CAP Muralles hasta octubre del 2012. Bria es actualmente el director del CAP Muralles y accionista mayoritario de Muralles Salut, sociedad a la que se adjudicó la gestión de este CAP de Tarragona el año 2013.

"El juez tiene sobre la mesa el análisis de los flujos económicos entre GIPSS y la Xarxa Santa Tecla y cuáles son los intereses particulares de determinadas personas que tienen un pie en la empresa pública y el otro en la privada", ha resumido el abogado de la CUP, Carles Perdiguero.

De la investigación de la Guardia Civil se desprende, según las cuatro formaciones, que en la adjudicación del CAP Muralles hubo un presunto uso de información privilegiada y un conflicto de intereses. Los denunciantes creen que no es un caso aislado sino "el resultado de un modelo sanitario basado en la confusión deliberada de los intereses públicos y privados".
En agosto de 2012, cuando todavía era gerente de GiPSS, Bria firmó un acuerdo de opción de compra de participaciones de Muralles Salut SLP que, además, regulaba las condiciones de su entrada en la empresa. Dos meses después, GiPSS no se presentó al concurso para gestionar el CAP y finalmente, se adjudica a Muralles Salut.

El cambio de gestores ha supuesto un recorte presupuestario del 24 por ciento, un empeoramiento de las condiciones laborales, que no se pueda contratar personal para suplencias y sustituciones y que todas las inversiones estén paradas.
Este caso es paradigmático, para los denunciantes, de "la voluntad de privatización de la sanidad pública de Tarragona" que beneficiaría a la Xarxa de Santa Tecla.