Comín rechaza declarar ante la Audiencia Nacional y seguirá en Bruselas

Un comunicado firmado por el "Govern legítimo" de la Generalitat desde Bruselas y difundido a última hora de este miércoles denuncia a la "democracia española" y asegura que los consejeros y el presidente cesado, Carles Puigdemont, responderán a la citación de la Audiencia Nacional "a través de los mecanismos de la Unión Europea". Un comunicado que sirve para anunciar que los exconsejeros y el expresidente desplazados en Bruselas no acudirán a declarar a Madrid, como así lo había requerido la Audiencia Nacional. 

Este comunicado responde a la petición de la juez instructora de la Audiencia Nacional Carmen Lamela que había citado a declarar al exconsejero de Salud Antoni Comín, al expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y a otros doce excargos del Govern de la Generalitat para que comparezcan como imputados los próximos días 2 y 3 de noviembre. De este modo, ni el expresidente, ni los exconsejeros Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig y Meritxell Serret acudirán a Madrid y han pedido declarar desde Bélgica.

Según el comunicado, el proceso judicial abierto es un "juicio político" con peticiones de penas "desproporcionada". El Govern "afronta las penas de prisión que nos esperan como una denuncia de la situación que vive la democracia en el Estado español y como un grito a favor de la libertad de nuestro pueblo".

En concreto, el Govern destituido considera que las citaciones "se enmarcan en un sumario sin fundamento jurídico que sólo busca castigar ideas" y apunta que la "desproporción" de las penas solicitadas, "equivalentes a delitos como el asesinato o el terrorismo", demuestran que se trata de un "juicio político efectuado al dictado del Gobierno del Estado español".

Hasta cuatro delitos

El órgano judicial, que llevará a cabo las investigaciones contra los excargos del Govern por la querella que presentó la Fiscalía General del Estado, acusan, tanto al exconsejero de Salud, Antoni Comín, como al resto de sus compañeros del Govern, de haber cometido delitos de sedición, rebelión, conexos y malversación de fondos públicos.

En este momento, el exconsejero y la mitad del Ejecutivo regional se encuentran en Bruselas (Bélgica) donde el pasado martes comparecieron ante los medios internacionales para denunciar que España no es un país “garantista” de los derechos humanos.