El consejero propone una 'vía exprés' para tumbar el RD de prescripción

El consejero de Salud catalán, Antoni Comín, ha comparecido este jueves en comisión parlamentaria para precisar los detalles de la prescripción enfermera catalana, después del preacuerdo alcanzado el día anterior entre el Departamento y el Consejo de Colegios de Enfermería de Cataluña. Según ha explicado Comín, la norma catalana buscará “hacer un difícil equilibrio” entre la “cultura asistencial” catalana y el Real Decreto 954/2015 de prescripción para “garantizar la seguridad jurídica” del personal de enfermería.

La comparecencia ha estado marcada por el adelanto que ha hecho Comín sobre la celebración de la reunión del Consejo Interterritorial el próximo 13 de abril. Una reunión que llega después, según el consejero, de que su departamento haya demandado de urgencia su reunión al Ministerio de Sanidad para tratar precisamente de la prescripción enfermera, “el tema más importante de todos lo que tenemos ahora mismo”, según Comín.

Asimismo, Comín ha aprovechado la buena predisposición que han mostrado hacia la norma que prepara los representantes en la Comisión de Sanidad de Ciudadanos, PSOE y Catalunya Sí Que es Pot (filial catalana de Podemos) para pedirles que usen en Madrid la mayoría parlamentaria que suman estos tres partidos para derogar la norma en el Congreso de los Diputados.

En concreto, el consejero catalán ha sugerido a los portavoces de estos tres partidos que trasmitan a sus contrapartes en Madrid que supriman la Ley 28/2009, que a su vez es una modificación de la Ley 29/2006 de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Es en esta modificación donde se establecía la obligatoriedad de la prescripción médica y si se derogara, a juicio del consejero, el RD de prescripción de 2015 quedaría asimismo sin efecto.

Mantener la cultura asistencial

En cuanto a la ‘prescripción catalana’ que prepara el Departamento, el titular de Salud la ha descrito como “un equilibrio casi imposible”. “Hemos tenido que trabajar duro para no contradecir nuestra práctica asistencial y al mismo tiempo atenernos a un marco normativo que nos parece inconveniente, pero que si lo contraveníamos, nos alejábamos de nuestro objetivo, que es el de la seguridad jurídica”, ha explicado el consejero.

La norma que prepara Comín, por tanto, elevará a rango de Ley lo que comunidades autónomas como Castilla-La Mancha, Navarra o País Vasco ya han realizado a través de circulares internas: mantener los protocolos de actuación de la enfermería como hasta ahora.

Complementariamente, el Departamento de Salud creará un Consejo de Práctica Asistencial en materia de prescripción, con presencia de los colegios de Medicina y Enfermería, que velará por el cumplimiento de esos protocolos. “Tenemos, desde hace décadas, una cultura asistencial que funciona”, ha señalado el consejero.

Norma complementaria

A juicio de Comín, la norma será “complementaria” con el RD 954/2015. “Si contradijéramos el decreto seguramente haríamos una norma más justa, pero sus posibilidades de sobrevivir serían muy bajas”, ha señalado.

El titular de Sanidad ha añadido que la “lealtad institucional” del Gobierno “ha sido nula” en este caso y ha recordado una por una todas las comunidades autónomas que han recurrido la norma. “La estupefacción de los médicos y la indignación de los enfermeros de Cataluña ha sido compartida por buena parte de los médicos y diría que la totalidad de los enfermeros del resto de España”, ha rematado.

Los representantes de Ciudadanos, PSE y Catalunya Sí Que es Pot en la comisión de Salud han estado de acuerdo con los puntos adelantados por Comín; no así el portavoz del PP en la comisión de Salud, Santi Rodríguez Serra, que se ha quedado solo en la defensa de la norma estatal de prescripción.

“Ya verá que en cuanto haya un nuevo Gobierno, el que sea, su norma será carne de constitucional”, ha señalado Serra, quien ha añadido que “lo que no es normal es que los profesionales de una comunidades tengan unas competencias que los de otras comunidades autónoma” y que la norma catalana, contrariamente a lo que se pretende, “generará más inseguridad jurídica”.