CiU y ERC suman fuerzas para superar la crisis del Sant Pau

Albert Batet y Oriol Amorós.

Redacción. Barcelona
CiU y ERC han cerrado este miércoles un acuerdo en el Parlament que tiene como objetivo "superar la crisis" que se ha abierto en las últimas semanas en el Hospital de Sant Pau de Barcelona por la dimisión de los patrones de la fundación de gestión, el déficit acumulado, el conflicto con los trabajadores y las denuncias por presunta malversación a exdirectivos del centro.

En el texto, se establece que el Govern garantizará la "sostenibilidad" económica del hospital y que, para garantizar la buena gestión del centro, durante los próximos meses la supervisará el Protectorado de Fundaciones de la Conselleria de Justicia de la Generalitat.

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, los diputados Albert Batet (CiU) y Oriol Amorós (ERC) han explicado que, en la propuesta de resolución que han consensuado ambos partidos, la cámara catalana insta al Govern a impulsar un plan de viabilidad que garantice la continuidad de la actividad del hospital sin reducir los actuales índices de calidad asistencial.

Por otra parte, se revisará el convenio que mantiene el centro con el Servei Català de la Salut (Catsalut), con la finalidad de garantizar una suficiencia de recursos económicos para el hospital.

Cambios en las fundaciones

También se impulsarán cambios en la arquitectura institucional del hospital --actualmente dividida entre la fundación patrimonial y la fundación de gestión sanitaria-- a partir de un informe que elaborarán al respecto un grupo de expertos en derecho administrativo.

Además, se harán las modificaciones estatutarias necesarias para garantizar que la totalidad de los rendimientos del patrimonio legado al hospital se dedique a compra de material sanitario, investigación y mantenimiento de las instalaciones.

Se establecerán nuevos mecanismos de transparencia y control de gestión, y se garantiza por escrito el centro estará dirigido por profesionales del ámbito sanitario y no por cargos de designación política.