Boi Ruiz. |
Redacción. Barcelona.
El consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, ha vinculado este lunes la continuidad del Hospital Sant Pau de Barcelona al hecho de que los trabajadores se arremanguen y acepten aplicarse los recortes salariales aplicados al sector público, aunque ha descartado un cierre del centro.
En declaraciones a la Rac1, ha atribuido la situación del hospital al "conflicto" laboral con los trabajadores, que ha remontado a 2010 con la aplicación del recorte del 5% de los sanitarios que ordenó en ese momento la exconsejera de Salud Marina Geli.
Se ha mostrado dolido por que el Sant Pau es el "único hospital de Cataluña que no ha tenido ningún acuerdo laboral, donde no ha habido una reducción salarial" por un problema de desacuerdo, que ha desembocado en esta situación.
El titular de Salud ha cifrado en 57 millones de euros el déficit acumulado por el hospital desde 2011 hasta la actualidad, después de que la Generalitat tratara de aplicar en 2007 un plan de saneamiento definitivo para "poner el contador a cero y superar déficits anteriores".
Lamenta que en el Sant Pau, por donde han desfilado seis gerentes en diez años, "no hay ni ha habido" posibilidad de alcanzar acuerdos con los trabajadores, lo que ha desembocado en otro conflicto, mediatizado además por la nebulosa de gestiones anteriores más o menos claras, que investiga un juzgado de Barcelona, ha reseñado el consejero, preguntado por los problemas que acumula el centro.
"El conflicto nace cuando los trabajadores del Sant Pau dicen que no pueden aceptar, de ninguna manera, los recortes de la Generalitat, ni el ajuste del 5% de Zapatero aplicado en todo el Estado ni las normas transversales del sector público de la Generalitat", ha criticado Ruiz.
Y ha lamentado que los trabajadores respondan: "No se nos pueden imponer y, si se nos impone, denunciaremos, aunque sean medidas de obligado cumplimiento del sector público y normas transversales. Así, denuncia tras denuncia".
Ante esta situación, se ha mostrado a favor de que un juez tome "decisiones irrevocables que no se puedan llevar a un tribunal, para salvar la entidad", ya que cuando no es posible el pacto se debe buscar a la autoridad competente.
Boi Ruiz ha dicho que de los 57 millones de euros del déficit actual --además de la deuda histórica con la Seguridad Social--, 51 son fruto de la no aplicación entre 2010 y 2012 de los recortes del sector público, denunciados por los trabajadores.
"Mantra histórico"
Ha criticado el "mantra histórico" de los trabajadores que acusan al centro de tener una arquitectura de fundaciones favorable a la empresa gestora, por el hecho de separar la fundación patrimonial, de la de investigación y la gestión del hospital.
En este sentido, Boi Ruiz ha destacado que las "donaciones que se hacen a la fundación no son para pagar salarios ni para acabar con el déficit de la Generalitat", por el hecho de que la fundación patrimonial es pública.
"El rendimiento de aquellas propiedades se debe aplicar, los dos últimos años se han invertido 10 millones de euros para becas de residentes, investigación y equipamientos nuevos", ha resaltado.