La segunda fase del Plan de Ordenación en Primaria afectará a 180 médicos y 45 enfermeras

Redacción. Valladolid
El consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio María Sáez Aguado, ha afirmado que la segunda fase del Plan de Ordenación de Atención Primaria afectará a 180 médicos y 45 profesionales de enfermería, con lo que se pretende redistribuir las cargas asistenciales de los profesionales.

Antonio María Sáez Aguado.

Sáez Aguado se ha expresado así en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León, donde ha comparecido para hablar de ordenación de recursos humanos.

En concreto, Sáez Aguado ha explicado que el Plan de Ordenación en materia de reestructuración en Atención Primaria supone el trasvase de puestos de trabajo de zonas rurales a urbanas para redistribuir la carga asistencial y en una primera fase ha afectado a 66 médicos y 36 profesionales de enfermería, mientras que en una segunda lo hará a 180 y 45, respectivamente.

Entre los criterios que se tienen en cuenta para el trasvase de profesionales, ha explicado el consejero, están que haya un número de facultativos suficiente para atender las necesidades de la zona en términos de atención continuad y garantizarse el mantenimiento en términos de intensidad y periodicidad de la asistencia que ya se desarrollaba.

De esta forma, lo que se persigue es mantener el nivel en la intensidad en el medio rural y mejorarla en el mundo urbano, donde los cupos de población asignada es sensiblemente mayor que en las zonas urbanas.

El titular de Sanidad ha explicado que el objetivo es redistribuir las cargas asistenciales de los profesionales de Atención Primaria y ha recordado que Castilla y León es la comunidad con las ratio más altas de profesionales por paciente en este área.

En concreto, en lo que se refiere a médicos son 926 tarjetas sanitarias (pacientes) por facultativo, mientras que en España la media es de 1.385, lo que supone una "diferencia sustancial". En cuanto a enfermería, en la Comunidad hay 1.056 tarjetas por cada uno de los profesionales, mientras que la media nacional alcanza las 1.577.

Sin embargo, hay diferencias de cargas de trabajo que tienen como casos más extremos la asignación a un profesional de 99 tarjetas y, en el lado opuesto, de 1.800 a otro, por lo que a partir de ahí se han analizado diferentes variables para la redistribución.

Entre ellas se ha tenido en cuenta la población asignada, los grupos de edad -los mayores suponen más carga-, el tipo de zona básica -rural o urbana-, tiempos de desplazamiento, etcétera.

Este es uno de los planes de ordenación que lleva a cabo la Consejería de Sanidad junto a la prolongación del servicio activo de personal estatutario, coloquialmente conocido como "plan de jubilaciones", que parte de la aplicación del Estatuto Marco del personal sanitario del Sistema Nacional de Salud, que establece la jubilación a los 65 años y que se ha desarrollado en Castilla y León.

Sáez Aguado ha recordado que hay posibilidad, por razones estructurales o por una aportación valiosa, de que algunos profesionales amplíen su edad de jubilación hasta los 70 años, aunque ha incidido en que con carácter general los profesionales dejan su actividad a los 65.

Este plan afectó en una primera fase a las personas que habían cumplido 65 años, de forma que a 1 de abril, los más afectados han sido los médicos, un total de 328 facultativos tanto de Primaria como de Especializada y se prolongó a 33.

De forma paralela, ha explicado el consejero, se incorporaron nuevos profesionales y se alcanzó un 77,4 por ciento de reposición de estos sanitarios jubilados.

Este plan permite cierto rejuvenecimiento de las plantillas y mejorar las expectativas de incorporación, ha indicado Sáez Aguado, quien ha incidido en que se programa la evolución del sistema y cuántos profesionales se jubilarán hasta 2020, se tiene en cuenta la evolución de los especialistas en cada especialidad y la capacidad de reposición, de manera que paralelamente también se forman a especialistas para su incorporación.

Junto a estas medidas, se desarrolla un plan de ordenación en materia de movilidad para categorías a extinguir (desde peluqueros hasta costureros), lo que puede afectar a unos 400 trabajadores, para lo que ha habido consenso con las organizaciones sindicales, pero además se ha realizado una ordenación del tiempo de trabajo, tanto de la jornada como de los calendarios, etcétera, entre otras medidas.

En su comparecencia, el consejero ha afirmado que a pesar de que el año 2012 fue el más complicado en términos presupuestarios, el número de profesionales con respecto a 2011 -a 31 de diciembre- sólo se redujo un 0,30 por ciento y se bajó en 108 efectivos en todos los centros, de manera que el personal pasó de 36.578 a 36.470 profesionales (incluidos servicios centrales y de área), cifra que baja hasta los 35.520 profesionales en centros sanitarios.

El consejero ha puesto como ejemplo "curioso" que el número de médicos se ha mantenido igual, en 8.192 facultativos, ya que se ha equilibrado la cifra con el incremento de los médicos en plantilla y la reducción de contratos fuera de plantilla.

Todo ello en un ejercicio en el que ha aumentado un 7 por ciento la jornada laboral, lo que también ha contribuido a disminuir el gasto en sustituciones de los 90 millones de euros que se gastó en 2011 a los 40 millones de 2012.

Aumento de listas y pérdida de derechos

Sin embargo, frente a los datos del consejero, tanto PSOE como IU han criticado las medidas llevadas a cabo.
Así, la procuradora socialista Mercedes Martín Juárez, tras valorar que el consejero comparezca a menudo en las Cortes, ha afirmado que los profesionales son el activo "más valioso" del sistema y pese a ello "no pasan por su mejor momento" en una época de "vacas flacas" y por ello ha valorado su esfuerzo y aportación.

Sin embargo, a su juicio las medidas que se han tomado han supuesto la vuelta al "año 85", ya que se ha incrementado su jornada, hay más actividad, menos días libres, han perdido la productividad variable y se ha reducido la fija, pero además se ha destruido empleo.

La procuradora socialista considera que se han amortizado plazas tanto en Especializada como en Primaria, también por las jubilaciones, y que son "malos tiempos" para la motivación de los profesionales y ha manifestado dudas sobre el número concreto de trabajadores del sistema castellanoleonés de salud y ha recordado que se hablaba hace tiempo de hasta 38.000 profesionales y ahora se habla de otras cifras.

Por su parte, el portavoz del Grupo Mixto y procurador de IU, José María González, considera que la atención sanitaria sufre un "progresivo deterioro", aunque cree que en Castilla y León se avanza con "paso discreto" en el programa para "liquidar" la sanidad pública como se establece desde el Gobierno central.

González cree que el sistema es hoy "otra realidad" si se compara con los datos de hace dos años y ha advertido de que amortizar plazas significa "dejar de tener profesionales al servicio de los ciudadanos" y cree que la reorganización de los puestos de trabajo se ha realizado sin contemplar factores sociales de cada centro.

Así, ha recordado los cierres de urgencias nocturnas o el resultado que se ha tenido en las listas de espera, que han aumentado pese a las medidas que se han tomado para aumentar la actividad quirúrgica como el incremento de la jornada.

Por su parte, el procurador 'popular' Jesús Aguilar ha reconocido el esfuerzo de los trabajadores para sostener el sistema y ha incidido en que la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha medidas como el incremento de la jornada pero no otras "más radicales".