Los sanitarios piden una 'placa policial' para protegerse de los agresores

775. Ese fue el número de profesionales sanitarios agredidos que se registró en la comunidad de Castilla y León a lo largo de 2023, un 2,3 por ciento menos a comparación del año anterior cuando fueron 793, según lo expuesto en los datos del Observatorio de la región. Si bien se trata de una aparente disminución de las cifras, lo cierto es que en áreas de salud como Burgos, El Bierzo, Palencia, Salamanca y Valladolid Oeste, los números relacionados a los trabajadores sanitarios agredidos han ido en aumento, especialmente en:

• Salamanca: de 58 a 87 
• El Bierzo: de 19 a 34 
• Burgos: de 142 a 152 
• Palencia: de 37 a 49 

Al respecto, desde la Confederación Sindical Unión General de Trabajadores y Trabajadores de España (UGT) Castilla y León han considerado que se debería "estudiar más en concreto cada una de las zonas y ver cuáles han sido las causas de este aumento específico de agresiones". "Si sólo das la cifra total, ha habido un mínimo descenso, pero luego hay que analizar cada uno de los datos. El número de incidentes ha aumentado", ha dicho Rosa María López Frías, responsable de Sanidad de UGT, en conversación con Redacción Médica. Se refiere a que, pese a que el número de profesionales agredidos ha disminuido, el de incidencias ha crecido de un año a otro, pasando de 678 en 2022 a 698 en 2023. En ese sentido, ha indicado que se debería valorar también si "ha habido un mayor número de registro" de denuncias, ya que "hay muchas agresiones que no se registran".

Estos argumentos se expusieron en la última reunión del Observatorio de la Comunidad de Castilla y León que se realizó el 27 de septiembre. Para hacer frente a las situaciones de violencia, desde el sindicato plantearon la posibilidad de que "pudiera existir respaldo por parte de la Gerencia Regional de Salud (Sacyl) a la hora de presentar las denuncias". La intención es que los profesionales agredidos mantengan su anonimato, ya que el miedo a represalias es "muchas veces" el motivo para no denunciar.

"Pensamos que muchas veces no se denuncia porque se tiene miedo a la represalia que luego se puede tener porque son agresiones a lo mejor en pueblos donde te conocen, donde vives, conocen a tu familia, quiero decir, que al final era insistir en que si, de alguna manera, pudiera estar más presente la Gerencia Regional de Salud", ha detallado Rosa María López.

Para UGT, mantener el anonimato de los trabajadores sanitarios a través del respaldo que pueda proporcionar Sacyl, puede ser una senda que permita fomentar las denuncias y disminuir el número de incidentes; aunque, desde la vía legal, esto "no es posible". "Tal como están las normativas, nos dijeron que no era posible. Tanto la Guardia Civil como la Gerencia dijeron que cuando hay una denuncia, no puede ir una institución como tal, sino que tiene que ser una persona identificada con su DNI", ha destacado López Frías, quien ha añadido que la medida se estudiará y valorará, tal como les han informado desde Sacyl.

En tanto, para Comisiones Obreras (CCOO) de Castilla y León, las cifras se reducen a: "Se pega a menos trabajadores, pero se sigue pegando", por ello, su propuesta está direccionada a que se elimine el nombre de los sanitarios en su identificación y se les asigne un número o código para "mayor seguridad". "Que se nos dé como tiene la Policía, un número identificativo", ha puntualizado David San Frutos, adjunto de la Secretaría de Salud Laboral de CCOO, quien reconoce que probablemente esto en el ámbito rural "es más complicado, pero igual te facilita el poder estar un poco cubierto". 

"Nosotros en el Observatorio estamos siempre proponiendo cosas, pero no se actúa, y sí que es verdad que -tal cual vemos- para ellos es un logro que haya habido menos agresiones a sanitarios, pero es que realmente las agresiones a sanitarios siguen en aumento, lo que pasa es que se pega a menos sanitarios", ha enfatizado a este periódico. En esa línea, San Frutos ha puntualizado que el pedido "primordial" de CCOO -y que se realiza desde el año pasado- es que se actualice el protocolo de agresiones y que se incluya a personal guía, tal como lo hacen en Andalucía. "Una persona que te va guiando en el proceso, te va acompañando durante todo el porceso para formalizar la denuncia y, además, te ayuda con los papeleos", ha resaltado. 

Formación de profesionales y concienciación

Desde UGT Castilla y León se ha insistido también en la formación de todos los profesionales en materia de prevención de riesgos y en cómo actuar ante una situación de agresión. "Insistir en el fundamento de que todos los profesionales estén formados para poder actuar", ha destacado Rosa López, quien no ha dejado de lado la necesidad de establecer campañas de prevención y sensibilización a la población de las áreas de salud más afectadas en la región sobre lo que supone agredir a un profesional y las consecuencias que ello puede tener; así como del buen uso de los recursos y el respeto.

Tal como ha detallado, pese a que muchas de estas acciones se ponen en práctica, "si los datos siguen, se tendrá que seguir manteniendo o aumentando las campañas". Además, ha pedido que se pongan en marcha los servicios de seguridad "que sean necesarios" en las zonas donde se registren mayor número de incidentes. 

Y es que en 2023, el porcentaje de trabajadores agredidos por ámbitos asistenciales fue de 56,5 por ciento en Hospitalaria y 43 por ciento en Atención Primaria; que a comparación con el año anterior (2022), mantiene cifras bastante similares. En cuanto a las categorías profesionales más afectadas, los facultativos de Atención Primaria (187) son quienes más agresiones reciben, seguidos de Enfermería (90) y del personal administrativo (42). De hecho, las agresiones al personal facultativo han crecido en un 15 por ciento de 2022 a 2023, pasando de 240 a 276, aunque son las enfermeras las que registran mayor número de agresiones con 290 durante el año pasado.

Pese a que desde UGT trabajar en la concienciación de la población es importante, para CCOO "esas cosas no funcionan" porque las cifras demuestran que no se están registrando menos incidentes. "Está muy bien que se saquen campañas para concienciar a la ciudadanía, el problema es que estamos viendo que no funciona. Si la concienciación ciudadana funcionase, tendríamos que estar en descenso continuo, no en un ascenso continuo, que es lo que está pasando desde 2021", ha incidido San Frutos, quien también ha señalado que ahora hay categorías profesionales agredidas a las que "antes no se agredía", como fisioterapeutas o trabajadores sociales, así como logopedas y técnicos sanitarios. 

Revisión del plan contra la violencia