La Junta confirma que Sacyl regresa a la jornada de 37,5 horas en octubre

La Junta de Castilla y León y los sindicatos (UGT, CCOO y CSIF) dan por rotas las negociaciones para prorrogar el calendario estival de 35 horas hasta el próximo 1 de enero. De este modo, los empleados públicos, incluido el propio personal del Sacyl, volverán a trabajar 37,5 horas semanales a partir del próximo 1 de octubre.

“No se prorroga el calendario estival y no se negocian las 35 horas”, ha señalado el responsable del sector de Sanidad de la FeSP de UGT en Castilla y León, Miguel Holguín, a Redacción Médica tras finalizar la reunión Junta-Sindicatos celebrada esta tarde. La Junta “no tiene ninguna credibilidad porque no cumple con lo pactado” y están “yendo contra los empleados públicos”, ha lamentado.

“Cometen un error, que es poner a la Opinión Pública en contra de los empleados públicos”, de esto modo, “venden que los funcionarios públicos quieren trabajar menos”, asegura Holguín. “Por eso sacaron lo de los 120 millones de euros que costaría a las arcas públicas volver a las 35 horas, pero aquí no se habla de beneficiar a los empleados” con mayores retribuciones, explica el responsable de Sanidad de UGT.

La vuelta a las 35 horas supone “mejorar los servicios públicos porque hay que adecuar y aumentar a las plantillas”, con contrataciones. Por eso, considera, esto es “un ataque a los servicios públicos”.

La decisión de la Junta

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Holguín: "Aquí no se habla de beneficiar a los empleados”

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Por su parte, esta misma mañana, el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez -responsable de representar a la Junta en las negociaciones- ha insistido en el “compromiso inequívoco” de la Junta por aplicar la jornada de 35 horas durante la presente legislatura. De hecho, el consejero destacó la necesidad de llegar a un acuerdo con “los representantes sindicales”.

Asimismo, el consejero ha destacado que la Junta estaba convencida de que el acuerdo que ambas partes firmaron en mayo pasado, justo antes de las elecciones, no incluye la aplicación inmediata de la jornada de 35 horas semanales para los funcionarios, sino que era una demanda al futuro gobierno. Lo que hacía el documento era "solicitar al nuevo gobierno que se conforme en Castilla y León las modificaciones normativas oportunas para poder alcanzar de modo efectivo esa jornada de 35 horas", ha afirmado.

El consejero ha negado que pueda hablarse de este acuerdo como una herencia envenenada del anterior Ejecutivo autonómico, sino que ha considerado que hubo "buena fe". Además, para la aplicación efectiva de esta jornada, ha explicado la intención de que haya un "escenario de estabilidad" y evitar el "riesgo" de que "otras circunstancias externas" puedan obligar a la Junta a volver "a la posición de origen", en alusión una vuelta al incremento de jornada que se adoptó en los años de crisis.

Del mismo modo, Ibáñez ha destacado que esta medida no deben chocar "con una garantía del cumplimiento de unos servicios públicos de calidad" y que la Junta tiene que tener tiempo para "habilitar los mecanismos económicos oportunos que aseguren la correcta implantación", en referencia a la necesidad de contar con unos presupuestos.