Redacción. Santander
Representantes del sindicato Comisiones Obreras han entregado este miércoles en la Consejería de Sanidad un total de 14.596 firmas contra la “privatización” del Hospital Valdecilla y por el mantenimiento del empleo público en el centro sanitario.
Asunción Ruiz, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO. |
Estas rúbricas se suman a las 9.000 recopiladas por la Plataforma ‘Cantabria por lo público y sin recortes’ y a las casi 12.500 recogidas por el PSOE, de forma que cerca de “cuarenta mil” cántabros están en contra del proceso iniciado en el hospital, según ha indicado Asunción Ruiz, secretaria general de la Federación de Sanidad de CCOO.
En declaraciones a los medios, ha explicado que con la entrega de firmas en la Consejería se da por cerrada la campaña de información en torno al contrato de colaboración público-privada para acabar las obras de Valdecilla y la gestión futura del hospital.
Así, tras esta campaña, que se ha llevado a cabo entre trabajadores y ciudadanos en general, se da paso a las movilizaciones, que comienzan este viernes, día 25, con una manifestación convocada por los sindicatos CCOO y ATI, a la que se han sumado otras formaciones sindicales, colectivos y asociaciones.
La protesta partirá a las 18.30 horas de la rotonda de Valdecilla y llegará hasta la Delegación del Gobierno, donde se leerá un manifiesto. Desde CCOO animan a la sociedad a que participen en ésta y otras iniciativas en defensa de Valdecilla, que es “nuestro” y es “público”, ha reivindicado Ruiz.
Precisamente, el objetivo de las movilizaciones y las firmas recogidas es pedir que se mantenga el carácter público del centro sanitario y las condiciones laborales de sus empleados, y se retire el proceso de “privatización”.
Finalmente, y a preguntas de los periodistas sobre la partida de 28 millones para Valdecilla contemplada en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014, la sindicalista ha indicado que es de carácter “finalista” por lo que, a su juicio, tiene “difícil encaje” en el contrato público-privado para acabar las obras, que en CCOO temen que “siga adelante” pese a la financiación estatal.