Acusan a Real de "implicación directa" en las irregularidades del SCS

La primera sesión del juicio por las irregularidades contractuales en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) contó con las declaraciones de los principales acusados, Julián Pérez Gil, exgerente del SCS, y Francisco Javier González, subdirector de Gestión Económica, quienes implicaron directamente en la trama a María Luisa Real, consejera de Sanidad, según ha destacado Íñigo Fernández, portavoz del Partido Popular en el Parlamento cántabro.

"Lo que todos sospechábamos desde el primer día parece confirmarse con las declaraciones de quienes fueron altos cargos de Luisa Real en la etapa en la que se produjeron ese conjunto de irregularidades en la contratación", ha dicho Fernández, que insiste en que la consejera era la "actriz principal de la trama".

"Lo que parecía, era", ha añadido el portavoz de los populares cántabros, que insisten en que lo que ha habido no es una "campaña de desprestigio del PP", como mantiene la consejera, sino "irregularidades muy graves que María Luisa Real conocía y que Luisa Real autorizaba".

Los investigados PP fueron citados a declarar después de que la Fiscalía apreciara posibles delitos de prevaricación administrativa, de fraude y/o de malversación de caudales públicos, en la investigación que abrió tras recibir sendas denuncias de IU y el PP.

Irregularidades en la contratación

La Fiscalía PP señala al exgerente del SCS, junto a González, en el caso de los contratos menores adjudicados a las empresas Serincopsa, Gardenor e Iralia para las obras de ampliación del Hospital Virtual Valdecilla, en el que el Ministerio Público ve "una clara finalidad de eludir el sistema de contratación y el acceso en condiciones de igualdad".

Por otro lado, el Ministerio Fiscal apunta al exdirector de Gestión Económica y al exgerente de Atención Primaria como presuntos responsables de la adjudicación a estas tres mismas empresas del pintado de tres centros de salud, pese a que esta función estaba incluida en el contrato integral de mantenimiento de centros, "generando un gasto innecesario al erario público".