El PP quiere que los 220 millones extra vayan a Sanidad

La portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Australia Navarro, ha reclamado hoy que los 220 millones de euros de financiación adicional que va a recibir del Estado la Comunidad Autónoma de Canarias en 2017 se destinen íntegramente "a resolver la situación de emergencia social y sanitaria" de las islas.

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila "deberá consensuar el gasto de estos nuevos recursos si quiere contar con el respaldo de los populares en la cámara regional", ha advertido Navarro en un comunicado.

Estos 220 millones de euros se incorporarán al presupuesto canario en cuanto se aprueben los presupuestos del Estado, para lo que se deberá tramitarse una ley de crédito extraordinario en el Parlamento de Canarias, donde el Gobierno de Coalición Canaria está en minoría, por lo que necesita "los votos de la oposición", recuerda la representante del PP.

Navaro indica en el comunicado que confía en que Rosa Dávila "no caiga en la tentación de decidir por su cuenta el destino de los nuevos fondos" y pide a la consejera que abra cuanto antes un proceso de negociación con el resto de los grupos políticos.

Los populares recuerdan que el Gobierno de Canarias "tiene un mandato expreso y unánime del Parlamento sobre las listas de espera sanitarias y sociales, tal y como se acordó en el último debate sobre el estado de la nacionalidad, y tendrá que cumplirlo sí o sí".

"Las listas de espera sanitarias y sociales son una lacra intolerable", así que la financiación extraordinaria "no es para que el Gobierno de Canarias relaje su política de gasto, sino para responder con eficacia y contundencia a esta dramática situación", afirma Australia Navarro.

La portavoz del PP muestra además su preocupación por el desvío en el gasto que ha detectado el Ministerio de Hacienda en la liquidación de las cuentas del pasado año del Gobierno de Canarias.

Por eso, exige a la consejera "más rigor en el cumplimiento de la regla de gasto, una herramienta imprescindible para la estabilidad y sostenibilidad financiera de la administración autonómica".