Redacción. Santa Cruz de Tenerife
La portavoz de Sanidad del Partido Popular en el Parlamento, Mercedes Roldós, asegura que la gestión de la Consejería es un "desastre" que lleva al "colapso" del sistema de salud pública, por lo que invita a su titular, Brígida Mendoza, a "reflexionar seriamente sobre su continuidad al frente del departamento, y acabar con el sufrimiento que su gestión está causando a miles de pacientes canarios".
Mercedes Roldós. |
Según Roldós, "ya no es una cuestión de disparidad entre partidos, sino de conciencia y de pura responsabilidad, porque los errores de la consejera de Sanidad son cada día más preocupantes, empiezan a poner en serio riesgo la salud de los canarios, y nos conducen a un escenario muy difícil de asumir, agravando la profunda crisis social y económica que vive Canarias".
La diputada popular recuerda en una nota que durante 2012 el presupuesto del SCS aumentó en 28 millones de euros (+2,2 por ciento), y además pudo disponer de un remanente de tesorería procedente del anterior ejercicio superior a los 53 millones de euros.
"Canarias cuenta con magníficos profesionales, buenas infraestructuras sanitarias y el mejor equipamiento tecnológico", declara Roldós, para quien "no hay excusa alguna para justificar que precisamente durante el último año la situación haya empeorado de manera tan alarmante, hasta alcanzar el récord histórico de más de 57.000 pacientes esperando por una intervención quirúrgica o la consulta con un especialista".
Roldós recuerda que, durante los tres años de gestión del PP al frente de la Consejería de Sanidad, las listas de espera se habían reducido en un 54 por ciento, hasta dejar la de larga duración en menos de 4.000 enfermos, que hoy se han convertido en más de 12.000. También lamentó que CC y PSOE rechazaran el Plan de Choque presentado este año en el Parlamento por los populares para corregir la actual situación.
Desde el Partido Popular se insiste en que el origen del problema no es presupuestario, sino de gestión, y son especialmente críticos con la errónea política de recursos humanos puesta en práctica por el equipo de Brígida Mendoza, "que prevé prescindir este año de unos 3.800 profesionales sanitarios, y tiene al límite de sus posibilidades a los empleados públicos del sector".