Redacción. Las Palmas de Gran Canaria
La salvaguarda de la sanidad pública tiene un peso muy importante en la propuesta de nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, realizado de forma consensuada entre Coalición Canaria (CC) y PSOE, y que ha sido presentada en el Parlamento con la defensa de los derechos sociales por bandera.
El presidente canario, Paulino Rivero.
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En el texto, que dedica un apartado de 22 puntos a la defensa de los derechos sociales, se reafirma el derecho a todos los servicios, entre los que se encuentra el sistema sanitario público. Sobre él, asegura que debe ser gratuito “en todas sus prestaciones”, además de caracterizarse por no contar con demoras “indebidas”. Asimismo, asegura que la sanidad, al igual que el resto de servicios públicos, debe ser de “máxima calidad”.
En el estatuto se reconoce, además, el derecho a la dignidad en el proceso de la muerte, así como el derecho a realizar un testamento vital en el que se declare, de forma anticipada, la postura del paciente sobre determinadas intervenciones y tratamientos. Por otra parte, se reconoce el derecho “a una vida digna” a las personas discapacitadas y dependientes.
El objetivo de la reforma estatutaria no es otro que el de blindar el estado de bienestar frente a los recortes que están aplicándose por orden del Gobierno central. En ese sentido, su importancia en caso de aprobarse sería extraordinaria, dado que el Gobierno podría acogerse a alguno de los artículos para evitar recortes en materia de sanidad o servicios sociales.
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