Así es la estrategia de Canarias para cobrar la sanidad a los 'sin papeles'

El Servicio Canario de Salud sigue cobrando la asistencia sanitaria de urgencias a los extranjeros en situación irregular. Se trata de una práctica que contravendría lo dispuesto en el Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para la sostenibilidad del sistema sanitario, según denuncian varias asociaciones. En él se exceptuaba la atención sanitaria urgente de los supuestos en los que se puede cobrar la asistencia a las personas sin tarjeta sanitaria.
 
Hace dos semanas trascendía la denuncia de la Asociación Entre Mares sobre la facturación de la atención a un anciano chileno en situación irregular en el Hospital de Fuerteventura. Sin embargo, no ha sido el último caso en esta isla. Hace pocos días otra inmigrante venezolana se han visto en la misma situación.
 
La mujer acudió de urgencias con su hija al centro de salud de Puerto del Rosario, desde donde se la remitió al Hospital. Allí, antes de atenderla, “se le obligó a firmar un compromiso de pago”. Según denuncia Entre Mares y confirman fuentes del hospital, “se trata de una práctica habitual”. El coste de la atención en urgencias es de 225,52 euros y a esta cantidad hay que añadir lo que se cobre por las pruebas y el posible ingreso.
 
Según explican desde el Comité de Empresa del Hospital de Fuerteventura, existe "desde hace muchos años" la orden de facturar toda la asistencia que se realiza en los hospitales de la región a personas que no tengan la tarjeta sanitaria canaria. Se trata, señalan, de una medida orientada al turismo, dado que islas como Fuerteventura “duplican su población censada” con la llegada de viajeros.
 
Compromiso de pago
 
Sin embargo, en el caso de extranjeros ‘sin papeles’, en los que no se puede remitir la factura a otro servicio de salud autonómico o a una aseguradora, esta se le carga al propio paciente, con el respaldo de un compromiso de pago que se le obliga a firmar previamente. “Es un incumplimiento de la ley 16/2012”, denuncia María Greco, portavoz de Entre Mares.

Según fuentes jurídicas consultadas por Redacción Médica tal cosa no se puede afirmar de forma tan categórica aunque sí podrían estarse produciendo casos concretos de violación de la ley. La asistencia a irregulares está regulada por la mencionada norma y por la ley 16/2003 sobre cohesión del sistema sanitario que es algo más concreta y habla de que la sanidad pública debe atender a estas personas "en caso de enfermedad o accidente grave".

"Es un concepto jurídico indeterminado", explica Carlos Lapeña, asesor jurídico. Según explica, la "gravedad" con la que acude el paciente sólo se puede determinar en cada caso concreto, por lo que habría que ver una por una las situaciones en las que se está negando la gratuidad de la asistencia.

Tarjeta de inclusión sanitaria

Por otra parte, el Gobierno canario asegura que mantiene una tarjeta de "inclusión sanitaria" para los inmigrantes en esta situación. Esta tarjeta fue puesta en marcha por una orden del anterior consejero, Jesús Morera, pero impone el requisito de que lleven tres meses empadronados. El actual equipo de José Manuel Baltar mantiene estas mismas condiciones. Colectivos como 'Yo sí Sanidad Universal' se quejan de que así se deja fuera a muchas personas, bien porque acaban de llegar, bien porque no se defienden con la Administración. Además entienden que la ley obliga a dar atención en urgencias, con o sin tarjeta.

La Asociación Entre Mares, que se encarga de realizar acompañamiento a los inmigrantes que están en Fuerteventura en situación irregular,    ha recurrido ante el SCS todos los casos de los que ha tenido conocimiento de facturación a irregulares en urgencias, pero “han hecho caso omiso”, señala Greco. “No tenemos dinero para acudir al contencioso-administrativo, donde tendríamos bastantes papeletas para que nos dieran la razón”, añade.
 
Greco recuerda que anualmente el Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica el nombre de decenas de deudores de la sanidad canaria, entre los que habría numerosos inmigrantes sin tarjeta sanitaria. “Para ellos es un problema añadido, ya que a la hora de regularizar su situación no deben tener deudas con la Administración”, concluye.