El PP defiende que el Gobierno garantiza la atención sanitaria para todos los ciudadanos

Redacción. Palma
La diputada del Grupo Parlamentario Popular Asunción Pons ha defendido este jueves la "plena garantía" de la atención sanitaria en Baleares a todos los ciudadanos españoles y extranjeros, así como la cobertura médica a todos los inmigrantes que no tengan regularizada su situación en todos aquellos casos de enfermedades consideradas de salud pública.

En la Comisión de Salud del Parlamento y durante el debate de una Proposición No de Ley, presentada por el grupo MÉS, relativa al derecho a la atención sanitaria, la menorquina Asunción Pons ha asegurado que garantizar la sostenibilidad del sistema y, a la vez, preservar los derechos de los ciudadanos en la protección y atención de su salud es el primer objetivo de la reforma sanitaria aprobada por el Gobierno.

Asunción Pons.

La diputada ha destacado que España es el único país de la Unión Europea que, a pesar de la crisis, mantiene la gratuidad de una amplia cartera asistencial, por lo que "ninguna persona se ha quedado sin asistencia sanitaria básica, porque así precisamente lo establece el Decreto Ley que ustedes tanto critican -en referencia a la autora de la proposición, la diputada Fina Santiago-, porque así lo garantiza la Unión Europea y porque el Gobierno de España lo aplica".

Durante su intervención, ha afirmado que ha sido un Gobierno del PP el que ha aprobado las medidas y criterios para la universalización de la sanidad pública, así como el Real Decreto Ley 16/2012. "Con la norma que pretenden rechazar se ha conseguido que los extranjeros tengan, al menos, las mismas condiciones de atención que los españoles", ha dicho Pons.

En ese sentido, ha lamentado que el PSOE no haya explicado todavía por qué no incluyó el artículo 7 de la directiva europea que expresa "la prohibición de desplazarse en busca de atención sanitaria", por lo que ha añadido que "aquel olvido -por no emplear otra palabra- ha provocado que España no haya podido facturar la asistencia sanitaria de 700.000 casos, como ha acreditado el Tribunal de Cuentas, y ha provocado un gasto extra multimillonario".

Por último, la diputada ha defendido la eficiencia del Real decreto 16/2012 que "ha puesto orden donde no había y ha solucionado la situación de inferioridad de condiciones que había dejado el PSOE a los españoles respecto a los europeos, que disfrutaban de una magnífica sanidad pública en España, pagada con nuestros impuestos".

Del mismo modo, ha asegurado que ninguna persona que lo necesite se quedará desatendida; sea española, extranjera, mujer embarazada, menor de 18 años o necesite atención urgente, ya que todo el mundo recibe y recibirá la atención necesaria, aunque ha dicho que se "ha impedido que se aprovechen de nuestro buen sistema de salud pública”.