Baleares da el pistoletazo de salida a poner límites en la espera sanitaria

La consejera de Salud balear, Patricia Gómez, ha presentado este miércoles al Consejo de Salud el anteproyecto de decreto de garantía de los plazos máximos de respuesta a la atención sanitaria especializada programada y no urgente del Servicio de Salud de las Islas Baleares, que inicia su procedimiento administrativo.

El departamento de Gómez prevé que este anteproyecto de decreto de garantía de demora se apruebe en los próximos meses. Además, durante la reunión se han analizado los datos de las listas de espera de 2017, presentados recientemente por el Ministerio de Sanidad.

Salud ha recordado que, según estos, Baleares cerró 2017 como la comunidad autónoma con el menor porcentaje de pacientes que esperan más de 2 meses para una consulta. Así, el tiempo medio de espera para una consulta se sitúa en 35 días de media, mientras que en todo el territorio español es de 66 días.

También han mejorado los tiempos para acceder a una intervención quirúrgica. Ahora, los pacientes de las Islas Baleares esperan una media de 73 días para una intervención y en el resto del país, la media se encuentra en 89 días. Solo un 4,1 por ciento de estos pacientes espera más de 6 meses para una intervención. En el ámbito estatal este porcentaje asciende al 17 por ciento.

"Estos resultados nos permiten poder recuperar un nuevo derecho para la ciudadanía de las Islas Baleares y cumplir el compromiso de recuperar el Decreto de garantía de demora para que ningún paciente espere más de dos meses para una consulta con el especialista ni más de seis meses para una intervención quirúrgica", ha explicado Gómez.

La participación de la ciudadanía es "fundamental"

Gómez ha destacado el valor del Consejo de Salud, principal órgano de participación ciudadana en el sistema sanitario de esta comunidad, integrado por más de 30 representantes de la Administración, colegios profesionales, sindicatos y asociaciones de pacientes.

La consejera cree "fundamental contar con la participación directa de la sociedad civil en la toma de decisiones que afectan a su salud y trabajar conjuntamente con todas las administraciones públicas para desarrollar políticas transversales". Se trata de "gestionar con transparencia, de fomentar el diálogo y tomar decisiones con el consenso de los ciudadanos", ha recalcado.