La receta electrónica redujo un 18 por ciento las consultas entre mayo y agosto en el área III

Redacción. Oviedo
La implantación de la receta electrónica en las cinco zonas básicas de salud del área III en las que está operativo este sistema ha permitido disminuir un 18 por ciento el número total de consultas, lo que ha supuesto una reducción de más de 5.500 consultas.

Celia Gómez.

Estos datos han sido revelados este lunes por la gerente del Servicio Público de Salud (Sespa), Celia Gómez, y por el director general de Innovación, Enrique González, que han visitado Avilés para poner en marcha la última fase de la implantación del proyecto de receta electrónica que arranca hoy en las zonas básicas del casco urbano avilesino.

Desde que se implantó el proyecto piloto de receta electrónica el pasado mes de abril, este sistema funciona ya en los concejos de Gozón, Corvera, Pravia, Castrillón y Cudillero y alcanza ya a casi 12.500 pacientes, de una población total de 62.109 habitantes, 65 prescriptores y todas las farmacias de la zona, según indican desde el Gobierno del Principado, apuntando que "hasta la fecha se han producido ya 109.865 dispensaciones de fármacos por este procedimiento".

Este nuevo modelo de dispensación ha permitido, además, que 1.391 pacientes no hayan tenido que adelantar el importe asociado al copago de los fármacos aprobado por el Gobierno de España por haber alcanzado su límite mensual. La cantidad global que no ha sido cobrada asciende a cerca de 12.000 euros lo que supone un ahorro de tiempo y recursos para los ciudadanos, que no deben esperar la devolución, y para la propia Administración.

La reducción se ha constatado en cuatro de las cinco zonas básicas en las que se ha implantado la receta, con la única excepción de Cudillero, que es donde más tarde se extendió el proyecto, el pasado mes de junio. Y afecta tanto a las consultas ordinarias, con una reducción del 14 por ciento, como a aquellas que se programaban especialmente para trámites burocráticos y administrativos que se han visto reducidas de forma más significativa, concretamente en un 37,7 por ciento. La reducción del número de consultas y de la carga administrativa permite que los profesionales dispongan de más tiempo para atender a los pacientes.

El proyecto se trasladará al área sanitaria V de manera que, próximamente, se comenzará a trabajar con los profesionales del área con cabecera en Gijón. En esa fecha darán comienzo la formación y las revisiones necesarias para la puesta en marcha de la receta electrónica, de forma que la dispensación empiece a estar operativa durante el último trimestre de 2013 y el primero de 2014. El criterio en Gijón, al igual que en el área III, tendrá en cuenta el número de población asignada a los centros.

El despliegue continuará el próximo año en los concejos de Mieres (marzo), Langreo (abril), Arriondas (junio) y Oviedo (septiembre), de forma que pueda culminarse en el primer trimestre de 2015 con su entrada en funcionamiento en Jarrio (enero) y Cangas del Narcea (marzo).

El proyecto de receta electrónica tiene como objetivo crear un sistema que cierre el ciclo de prescripción y dispensación de medicamentos, desde que el profesional receta hasta que se entrega al paciente en la farmacia.

Igualmente, se pretende construir y gestionar una base de datos de medicamentos y productos sanitarios centralizada, para mantener normalizadas y actualizadas las bases de datos de los sistemas de prescripción, tanto para pacientes ingresados como ambulatorios, que sirva como elemento nuclear sobre el que se construyan todos los sistemas de ayuda a la prescripción.

Su implantación en otras comunidades ha supuesto una disminución de hasta el 30 por ciento en las consultas de atención primaria y de entre un 20 por ciento y un 30 por ciento del tiempo dedicado por los profesionales a la prescripción.

Esta iniciativa es fruto de la colaboración entre la Administración central y el Gobierno del Principado de Asturias, y cuenta con una inversión de 570.000 euros, de los que la empresa pública Red.es aporta el 70 por ciento y el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el 30 por ciento restante. Es un proyecto cofinanciado, además, por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).