La parlamentaria del PP, Carmen Susín, defendió el dictamen en las Cortes. |
La norma recoge que los beneficiarios son los profesionales sanitarios de la red pública reconocidos legalmente como tales, los directores y subdirectores de centros sanitarios o sociales, trabajadores sociales, pedagogos, educadores y personal de gestión y servicios.
Estos profesionales serán considerados autoridad pública, tendrán asistencia jurídica y gozarán de la presunción de veracidad en los escritos que formalicen. Los funcionarios deberán colaborar con los profesionales. El departamento aplicará sanciones administrativas si los usuarios cometen infracciones y comunicará a la Fiscalía las conductas penales.Los profesionales sanitarios y sociales tienen derecho a recibir un "trato adecuado" y ser valorados por usuarios, familiares y acompañantes en el ejercicio de su profesión. Se les reconoce el derecho a trabajar en "un ambiente adecuado, donde sean respetados sus derechos", especialmente a la integridad física y moral. Se prevé la creación de mecanismos de mediación para la "resolución pacífica de conflictos que se pueda originar". Los profesionales víctimas de la violencia contarán con apoyo psicológico y médico, la protección necesaria
La Ley busca la calidad permanente de los servicios y prestaciones sanitarios y sociales y pretende garantizar el ejercicio de las funciones de los profesionales de ambos sectores. Promueve los valores de la tolerancia, la convivencia, la garantía de los derechos y deberes de los usuarios.
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