El PSOE pide la retirada del proyecto de Ley de Salud Pública

Redacción. Zaragoza
El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Eduardo Alonso, ha pedido la retirada del proyecto de ley de Salud Pública “porque agravará la situación ya de por sí lamentable tras dos años de recortes de más del 50 por ciento”. El diputado socialista ha indicado que los recortes desde 2011 están siendo tan terribles que “están perjudicando mucho la calidad de la salud pública y no puede ser que pase a ser la hermanita pobre del Departamento de Sanidad”.

Eduardo Alonso.

Alonso ha recordado que cada euro que una administración invierte en prevención se ahorran cinco euros en curar posteriormente; de ahí la importancia de la nueva normativa. Ha indicado que tras dos años con el Gobierno de Rudi los recortes han sido del 53 por ciento. De esta forma, ha explicado que programas como las transferencias a los ayuntamientos se han reducido en dos años en un 43 por ciento (de 652.650 euros a 442.075); a las ONGs se han recortado; en prevención y asistencia o en prevención del SIDA (37 por ciento, de 224.085 euros a 165.215). El parlamentario socialista ha criticado que se esté expulsando a todos los jóvenes del programa bucodental que ha sido eliminado, al igual que el Plan Nacional  del SIDA.

Eduardo Alonso ha indicado que las transferencias a las comunidades autónomas han disminuido también un 49 por ciento y ha destacado que programas importantes como el Fondo de Cohesión Sanitaria ha bajado un 74 por ciento. “Programas como el de drogodependencia ha quedado capitidisminuido al igual que los programas de cribado de cáncer”, ha señalado. Alonso ha reiterado que la nueva ley de salud pública demuestra la nula sensibilidad del Gobierno y perjudica programas, presupuestos y la propia estructura.

El portavoz socialista en materia sanitaria ha pedido la retirada del anteproyecto de salud pública por cinco aspectos fundamentales: ausencia de objetivos en los principios rectores de salud pública; ausencia de transparencia y mecanismos de participación ciudadana; falta de profesionalización; distribución difusa de las competencias entre las diferentes administraciones; y la revisión de la redacción y la memoria económica de la ley.