Andalucía realiza 486 estudios clínicos a favor del bienestar del pacientes

Los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía pusieron en marcha, en 2015, un total de 486 estudios clínicos en toda la comunidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes con nuevas alternativas terapéuticas que mejoren los tratamientos vigentes y contribuir a encontrar soluciones a algunas patologías que a día de hoy carecen de cura. Esta cifra representa casi un 19 por ciento (18,8 por ciento) más en relación a 2014.

Específicamente, de los 486 estudios, 288 son nuevos ensayos clínicos, 180 son estudios de posautorización y 18 son investigaciones clínicas con productos sanitarios. Estos trabajos de investigación, -liderados por cerca de 300 profesionales en el rol de investigadores principales-, se centran en diversas áreas, como por ejemplo, oncología, neurología, hematología, endocrinología y nutrición o cardiología, entre otras.

Estos trabajos de investigación se realizan en los centros asistenciales, los hospitales y los laboratorios especializados que existen en la red sanitaria pública de Andalucía y, en muchos de ellos, están involucrados también centros e institutos de investigación vinculados a la Consejería de Salud.

Además, en el seno del sistema sanitario se han creado cinco unidades de investigación clínica en fases tempranas, espacios especializados destinados, concretamente, al desarrollo de ensayos clínicos en fase I y II (las primeras etapas de la investigación con un fármaco en pacientes sanos y enfermos). Estas unidades son fruto del compromiso de la Consejería de Salud con las investigaciones de este tipo, ya que estas etapas iniciales permiten ofrecer tratamientos innovadores en fases muy tempranas a pacientes con patologías que carecen de alternativa terapéutica.

Para la realización de estos ensayos clínicos, Andalucía se ha adaptado a la normativa actual con la que se regula esta actividad. Así, el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, surgió para adaptar la legislación española con el objetivo de hacer viable la aplicación actual y futura del Reglamento del Parlamento Europeo y desarrollar aquellos aspectos que el reglamento deja a la legislación nacional.