Susana Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía.
Cuando ya estaba todo acordado entre sindicatos y administración para
"sortear" el
veto del Tribunal Constitucional a la Jornada de 35 horas semanales,
la Junta ha decidido frenar en seco la aplicación y la firma del acuerdo. Según el Sindicato Médico Andaluz, los servicios jurídicos de la Junta han recomendado al Gobierno de Susana Díaz que el pacto para que los sanitarios del sistema público sanitario trabajaran las 2,5 horas semanales resultantes de la anulación del TC desde casa,
sea, por lo menos, revisado.
El problema radica en que creen los servicios jurídicos que el Gobierno regional debe
garantizar que los sanitarios cumplen esas 2,5 horas semanales de trabajo no presencial. Y, por el momento, no se ha ideado ningún sistema para fiscalizarlo.
"El cambio no es baladí. Supone que el Gobierno de Susana Díaz ha preferido quedar mal con los sindicatos de la Mesa de Función Pública, a los que había prometido esta medida, que tener en contra de nuevo al Constitucional, tribunal que ya le ha tirado de las orejas el Ejecutivo de Díaz por el decreto de las 35 horas", valora el SMA.
El
consejo de Gobierno ha cambiado, de hecho el titular en el que su página web anunciaba el acuerdo. "La Junta ratifica la jornada laboral de 37,5 horas para sus empleados públicos con 35 horas presenciales", decía al principio, pero fue cambiado por: "El Consejo toma conocimiento del acuerdo con los sindicatos para la jornada laboral de 37,5 horas semanales en la Junta".
El portavoz del Consejo de Gobierno, Juan Carlos Blanco, ha explicado que el Gobierno andaluz ha pedido un
informe de seguimiento de las 2,5 horas para dar
seguridad jurídica a los acuerdos, pero el propio ejecutivo anuncia que
espera que la firma se produzca en cuestión de días.
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