Andalucía aprueba la ley que permite cubrir bajas en sanidad con eventuales

La Diputación Permanente de la Junta de Andalucía ha aprobado con 10 votos a favor y 8 abstenciones el decreto ley que  autoriza al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para contratar a personal laboral temporal. Se trata de una normativa que da respuesta al proceso de integración de las agencias sanitarias en el SAS, cubriendo con personal eventual las bajas que los 9.000 profesionales sanitarios pudieran solicitar durante su proceso de estatutarización.

Tal y como ha destacado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, se trata de un procedimiento necesario y urgente, pues las posibles contrataciones vendrían a atender una necesidad puntual que no podría ser cubierta con personal estatutario. Así, Aguirre ha subrayado que se trata de “una solución temporal a un problema de incompatibilidad que surge en el proceso de integración, que ya está en marcha”.

Así, la normativa viene a cubrir la necesidad técnico-jurídica por la cual hasta el próximo 31 de diciembre el personal de las agencias públicas empresariales está en proceso de integración en el Servicio Andaluz de Salud. De esta forma, la actual normativa reguladora del SAS no contempla que se pueda contratar a personal de naturaleza contractual laboral, excepción hecha de los profesionales asistenciales residentes en formación. Si durante estos meses se produjeran solicitudes de bajas, el nuevo decreto ley permitiría la contratación de personal eventual por el tiempo necesario. Cabe destacar que esta posibilidad estaría limitada hasta final de 2022, fecha en la que el proceso de estatutarización ya estaría finalizado.

En este punto, desde el grupo popular han destacado que la solicitud de autorización por decreto ley viene ante la “falta de la aprobación de los presupuestos de 2022”, donde vendría recogida ya esta posibilidad con fondos para cubrir las posibles bajas.

Las cinco agencias sanitarias han pasado a formar parte del SAS desde el pasado 1 de enero, fecha en la que se aprobó la liquidación de estas empresas públicas y la integración de sus profesionales en el sistema público de salud regional. Con esta integración el Gobierno andaluz ha buscado evitar la duplicidad que se venía produciendo en Andalucía, equiparando las condiciones laborales de todos los profesionales sanitarios de la comunidad.