Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso.
Una de las
prioridades del PSOE para los próximos
Presupuestos Generales del Estado en materia sanitaria es aumentar la financiación en sanidad. Su objetivo es que se vaya acercando al siete
por ciento del Producto Interior Bruto, tal como recoge su programa electoral.
"No puede ser que se siga reduciendo la parte del
PIB para sanidad, tal como plantea el Gobierno en el plan presupuestario que ha mandado a Bruselas", se queja
Jesús María Fernández, portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso. Dicho plan recoge que para 2017 el porcentaje del PIB destinado al gasto sanitario
bajará del 6,12 por ciento actual al 5,92 por ciento.
Fondo de cohesión
Para Fernández es fundamental que se recupere el
Fondo de Cohesión y el Fondo de Garantía Asistencial, "para permitir la circulación de pacientes dentro del SNS, las políticas de calidad y cohesión y la incorporación de nuevas tecnologías".
Sobre este último punto, el portavoz del PSOE se muestra optimista sobre que el acuerdo con Ciudadanos incluye un fondo de estas características, "aunque el Gobierno se muestra reacio a llamarlo Fondo de Cohesión".
Más allá de la aprobación y del nombre del fondo, Fernández reclama que incluya "una línea de financiación para innovaciones disruptivas" como la incluida en la
iniciativa socialista que aprobó la Comisión de Sanidad. "Se trata de que haya un mecanismo que evite lo que ha pasado con la
hepatitis C", explica.
Sanidad penitenciaria
Además, considera necesario que se incluya una partida con "una valoración justa del coste de la atención sanitaria a la población reclusa". Considera que un primer paso es "calcular exactamente el coste de la
sanidad penitenciaria porque sabemos que una parte de la asistencia que reciben los presos la financian las comunidades autónomas".
En diciembre, la
Comisión de Interior del Congreso aprobó por unanimidad una proposición de Unidos Podemos para transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. La propuesta incluía una enmienda del PSOE que precisamente pedía que se incluyera una línea de financiación desde el Estado para que este traspaso fuera efectivo.
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