Cristina Mouriño.
La Sociedad Española de Radiología (Seram) rechaza los modelos autonómicos que han ido surgiendo en torno a la gestión clínica. En declaraciones a
Redacción Médica, el responsable de comunicación de su Junta Directiva y vocal en la Junta Directiva de Facme, Javier Rodríguez Recio, ha subrayado que “el protagonismo en la definición de este modelo lo debe tener Facme y las sociedades científicas, huyendo de intereses marcados por gestores sanitarios que quieren enmascarar recortes, asesorías sanitarias externas o proyectos particulares”.
Javier Rodríguez Recio.
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Rodríguez Recio ha anunciado que la Seram se mantendrá “beligerante” ante la aparición de “supuestos modelos de gestión clínica” en algunas autonomías, “que solo están interesados en resultados económicos a corto plazo, olvidando los fundamentos que Facme ha fijado en su Decálogo sobre Gestión Clínica”. “En el primer punto del modelo que propone el Ministerio de Sanidad, ha criticado, ya se contempla que la gestión clínica debe alcanzar una reducción del 10 por ciento de los costes en su primer año”. “Apoyamos que se busque una gestión más eficiente pero ha de ser sobre un modelo clínico concreto”, ha apuntado.
Según la Seram “se está produciendo un desbarajuste de términos en las comunidades autónomas y cada una lo entiende como le interesa”. Andalucía suele ser el ejemplo sobre la puesta en marcha de este modelo al ser la pionera, pero lo cierto es que “eso no es gestión clínica porque los profesionales gozan de poca independencia a la hora de tomar decisiones, y sus servicios tienen la misma estructura”.
“Se ha convertido en un término genérico bajo el cual las administraciones autonómicas quieren justificar la reducción de recursos públicos”. “Se debe partir del criterio de la eficiencia en los recursos disponibles, respecto a los profesionales, dejando fuera de esta fórmula los modelos de privatización”, ha concluido.
Compra de material radiográfico: calidad antes que precio
Por otra parte, Rodríguez, ha advertido a las autoridades sanitarias de que, a la hora de adquirir material para radiografías, se debe tener en cuenta la calidad de lo que se compra y el uso que se le va a dar por encima del precio, para que no se vea perjudicada la eficiencia de los servicios sanitarios.
“Los productos relacionados con la radiología como equipos, material fungible, medicamentos o contrastes no pueden ser contratados o comprados al peso y basándose sólo en el precio, ya que eso puede tener una repercusión muy negativa en la eficiencia de los servicios sanitarios, puesto que los servicios de radiología constituyen una pieza central en el proceso clínico”, ha precisado Rodríguez.
Esta recomendación es una de las recogidas en el documento de la Seram de título ‘Adquisición de productos y servicios de radiología’, el cual contiene las recomendaciones encaminadas a “incrementar la eficiencia del sistema y a evitar que las adquisiciones erróneas influyan de manera negativa en la gestión sanitaria, en especial en tiempos de crisis como los actuales”, explicó esta sociedad científica.
En este sentido, Rodríguez ha asegurado que para “evitar las principales fuentes de ineficiencia y error en la contratación de productos y servicios, la utilización de criterios externos nunca debe sustituir al análisis específico, por prestigiosa que sea la fuente”. “Analizar el valor añadido real y tener en cuenta la aplicabilidad clínica de las mejoras que se ofertan, algo que exige un análisis del usuario final, es decir, del radiólogo”, señaló Rodríguez.
El responsable de Comunicación de la Seram ha indicado, asimismo, que uno de los errores que se puede cometer radica en comprar mucho material queriendo ahorrar dinero al mimo tiempo: “La adquisición de productos dirigidos a diferentes centros a través de una adquisición global puede en ocasiones ahorrar dinero a corto plazo, pero ser un error estratégico a la larga al no tener en cuenta las especificidades y necesidades de cada una de las unidades de radiología”, ha dicho.
De hecho, para esta entidad una de las razones de la quiebra del sistema público de salud en los últimos años ha sido “la toma de decisiones de contratación de productos y servicios por parte de personas legas en la materia utilizando criterios muchas veces dudosos y sin tener en consideración la opinión de los profesionales sanitarios”.
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