La reforma de la Ley de Dependencia plantea dudas en el sector

Enrique Pita. Madrid
Desde que llegara al Gobierno en 2011, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha venido anunciando y trabajando en una reforma de la Ley de Dependencia que subsanara los posibles errores que incluía la norma. A través de reales decretos y acuerdos en el Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD), en el que el PP tiene mayoría, se ha ido dando forma a un nuevo modelo de atención que, según se ha venido anunciando, debía hacer más sostenible el sistema, priorizando la atención a los grandes dependientes y primando los servicios profesionales sobre los cuidadores familiares. Estas serían, a muy grandes rasgos, las bases sobre las que se debería asentar este nuevo modelo. Sin embargo, y aunque hay opiniones encontradas, la letra pequeña de los reales decretos acaba dando la clave de hacia dónde se dirige el sistema. Y es ahí donde surgen las dudas.

El último Consejo Territorial del SAAD celebrado en enero de este año aprobó unificar en una toda la normativa sobre las prestaciones del Sistema de Dependencia, que ahora quedarían recogidas en un único real decreto. Así, la regulación de los distintos servicios y prestaciones por grado de dependencia, las cuantías máximas de las prestaciones o los criterios de valoración aparecerían en la misma norma. Quizá con este espíritu, unificar, el Ministerio ha optado por incluir en el proyecto de Real Decreto que regula el nivel mínimo de protección de dependencia para 2013 varias de las novedades que vivirá el sistema a lo largo de este año.

Foto de familia del Consejo Territorial del SAAD del pasado mes de enero.

Y es que este documento, que ha sido elevado a consulta a varios organismos y organizaciones del sector, incluye no solo ese nivel mínimo, sino que va más allá al plantear novedades en el sistema de información, entre otros aspectos. Pero si el proyecto de RD es significativo, más aún lo es la memoria del impacto normativo que tendría y que ha hecho público el Ministerio. Y lo es por las conclusiones que se pueden obtener de un análisis en profundidad, que si bien dejan aspectos positivos, también plantean dudas sobre sus resultados.

La “factura” de la dependencia

Uno de los grandes problemas de la ley que reconocen las propias administraciones es la dificultad que supone calcular cuánto cuesta la puesta en práctica de la atención a las personas en situación de dependencia. Pero lo que está claro es que los presupuestos públicos, el dinero destinado a esta atención, ha menguado en los dos últimos ejercicios. Así, en los presupuestos del Imserso para este año, el nivel acordado vuelve a no tener partida presupuestaria (como ya ocurriera en 2012) y el montante destinado al nivel mínimo se reduce un 22,6 por ciento, quedando en 1.087 millones, si se compara el presupuesto para 2013 con el presupuesto final de 2012 en este capítulo (el presupuesto inicial para 2012 fue de 1.287 millones, que a final de año se amplió con un crédito de 117 millones).

En este sentido, el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, ha asegurado a Redacción Médica que “con este presupuesto se confirma que la Administración General del Estado no va aportar a la factura de la dependencia lo que debería, y no va a llegar ni al 20 por ciento”. Por su parte, el director general de la Fundación Edad & Vida, Albert Vergés, explica que, si bien entiende que el proyecto de RD va en la línea de optimizar recursos y que aporta elementos que podrían redundar en la transparencia del sistema de financiación, la duda es si será efectivo. “El RD incluye que las autonomías tendrán que expedir un certificado anual señalando el importe que cada una de ellas acreditará como aportación financiera, que obliga a que como mínimo sea el 50 por ciento en base a la aportación que ha hecho el Estado…creo que esto aporta cierta transparencia para saber quién paga la ley, pero solo será así si esos certificados se hacen públicos”, ha explicado Vergés a este periódico.

José Manuel Ramírez.

Más beneficiarios y servicios profesionales

Otra de las dudas que plantea José Manuel Ramírez tiene que ver con el aumento de beneficiarios que recoge la memoria. Según el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, este argumento “es una tomadura de pelo”. Tras seis meses “con datos negativos, ¿cómo puede plantear el Ministerio que va a haber nuevos beneficiarios en 2013?”. En este sentido, Ramírez asegura, como viene haciendo desde hace meses la asociación que preside, que “no se está manteniendo ni siquiera la tasa de reposición”.

También duda Vergés de este aumento, y explica que el RD “dice que crecerá porque entran nuevos beneficiarios en el sistema, y es cierto, pero también irán muriendo”. Además, apunta que con la dependencia moderada en suspenso, no se sabrá hasta 2015 cuánta gente está en ese “limbo”. “Se habla de que podría estar en torno a 250.000 beneficiarios, pero nadie lo sabe a ciencia cierta”, señala Vergés, que recuerda que “cuando estamos diciendo que el 51 por ciento de las prestaciones van a personas mayores de 80 años, estamos hablando de personas con una gran dependencia vinculados a necesidades sociosanitarias”.

Asimismo, Ramírez apunta que, de acuerdo con la memoria, ese aumento del número de beneficiarios irá acompañado de una reducción del presupuesto destinado al nivel mínimo, esto es, la aportación del Estado. Esto, que ya de por sí es significativo, se torna más preocupante cuando se observa que el Gobierno, en sus declaraciones públicas y en este mismo proyecto de RD, asegura que se van a potenciar los cuidados profesionales. En este punto Ramírez se pregunta cómo se hará frente a estos cuidados profesionales con el presupuesto actual si estos servicios son más caros que las prestaciones económicas. “No cuadra por ningún lado. Es una mentira canalla y evidente y una burla a las personas dependientes, a sus familiares y a las empresas”.

Según Vergés, hay dos aspectos que se pueden extraer de los datos del SAAD. Las autonomías están ralentizando las entradas y se están acotando aquellas personas que mueren. En este punto, Vergés reconoce como “tremendamente positivo” el cruce de datos entre el SAAD, el sistema fiscal, la Seguridad Social, etc.

Albert Vergés.

Por otra parte, “no es cierto que el RD no vaya a tener impacto sobre las tarifas”, asegura Vergés. “Se está intentando optimizar recursos, lo que nos parece bien, pero sí hay reducción en centros concertados, y llega en un momento en que las propias autonomías están pidiendo reducciones de entre el 15 y el 20 por ciento en las tarifas de los conciertos”, explica. Por otra parte, Vergés apunta que “el hecho de que la Administración General del Estado no se vaya a hacer cargo de las cotizaciones a la Seguridad Social de los cuidadores familiares es positivo, pero creemos que debería ser obligatorio que estos cuidadores coticen, porque si no, es una puerta abierta a la economía sumergida”.

Además, el RD introduce elementos que incitan a la confusión, y es que hace referencia a la atención en centros privados debidamente acreditados. Pero, ¿qué acreditación es esta? “No existe”, explica Vergés. “¿Cómo está pidiendo una acreditación que no existe en la mayoría de las autonomías”, se pregunta. “Hay que ir con mucho cuidado. Es necesario establecer indicadores de procesos, de resultados, que garanticen la calidad asistencial”, solicita Vergés.