María José Català: "Montón pone la sanidad al servicio de la política"

María José Català es la presidenta de la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas, un cargo que ostenta desde su militancia en el Partido Popular, con un Ejecutivo “de izquierdas” controlado por el PSOE y Compromís con el apoyo de Podemos. Licenciada en Derecho, ha sido consejera de Educación, diputada nacional y alcaldesa de Torrente antes de asumir este puesto, al que acude ilusionada por la idea irrebatible de que “la sanidad es una materia nuclear”.

¿Cómo valora la gestión de Carmen Montón al frente de la Consejería?

No puedo decir nada positivo de su trabajo, que se resume en dar paso a los gestos políticos en lugar a una mejora de sistema.

¿Cuáles son esos gestos?

Por ejemplo, habla de transparencia pero luego ha nombrado a dedo a todos los directivos de la Consejería; una política del enchufismo total. De hecho, nosotros propusimos crear una Comisión para controlar los nombramientos en la que hasta Podemos votó a favor y todavía no se ha puesto en marcha.

¿La reversión de conciertos sanitarios también la consideran un gesto político?

Sí, y pensamos que están tomando el pelo a los trabajadores. En Alzira hay 2.100 empleados: 300 estatutarios y 1.800 laborales. Todos están pendientes de la hoja de ruta.

Montón les ha asegurado el trabajo.

Imagino que podrá hacerlo con los estatutarios, que tienen su plaza por oposición pero, ¿el resto? No va a regalar 1.800 oposiciones. Y aunque convoque 1.800 plazas públicas, a esas se puede presentar cualquiera, no solo esos trabajadores.

Su partido ha gobernado la Comunidad Valenciana durante dos décadas, ¿cree que la complicada situación actual tiene algo que ver con su gestión?

La principal responsabilidad la tienen la infrafinanciación de la región que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero y que supone 259 euros menos por habitante de inversión que el resto de España. Esto nos supone perder 1.325 millones de euros. En este contexto, el fin de los conciertos sanitarios que quiere hacer Montón costará unos 700 millones, ¿de dónde los va a sacar, si ya hay 1.300 millones ficticios que no va a poder ejecutar?

¿Cómo cree que están tan seguros de que el fin de los conciertos con Ribera favorece la eficiencia del sistema?

No lo sé. Hace unos días se propuso una auditoría de todos los hospitales, no solo de los concertados, para tener una visión global del sistema, y el Gobierno votó que no.

En cualquier caso, ¿no hace ninguna autocrítica a la gestión popular en la Comunidad?

Quizá que esa auditoría la tendríamos que haber hecho nosotros cuando gobernábamos.

¿Cuáles serían los primeros puntos de su agenda si ahora la pusieran al frente de la Consejería?

Primero, una apuesta firme por la profesionalización de cargos directivos; segundo, la auditoría global. En tercer lugar, un Plan de resistencia a los antibióticos, que es un gran desafío. También un Plan de Salud Mental, que no siempre le prestamos la atención que merece.

¿Cómo han vivido la ‘purga’ de Pedro Sánchez, porque Ximo Puig se apuntó a los críticos y dimitió pero Montón permaneció en la Ejecutiva?

Con perplejidad; ha sido algo inaudito. Lo que está claro es que tenemos un presidente y una consejera que discrepan.

Aunque Montón no acudió al día siguiente a la reunión de la Ejecutiva.

Ese es un gesto menor, por quedar bien, pero lo importante es ese distanciamiento.

¿Cómo puede afectar esto a la Comunidad Valenciana?

La postura de Puig es complicada de entender porque en Madrid se acerca al ala más conservadora del PSOE y en Valencia mantiene un Gobierno de izquierdas con Compromís y Podemos. Antonio Montiel ya ha dicho que la postura de Puig es desleal y eso supone un peligro para la estabilidad del Ejecutivo.

¿Qué opina de los presuntos 25 millones de euros no declarados del Hospital Provincial de Castellón, de las amenazas de muerte al anterior gerente o que la Diputación de Castellón denunciara a Carmen Montón?

Son cuestiones que hay que dejarlas en manos de la justicia. Lo que hizo la Diputación es querer tener la información antes de pronunciarse y se la negaron, entregándola a la Fiscalía. Lo que no puede hacer la consejera es llegar, denunciar y no dejar ver la documentación a la institución de la que depende el centro sanitario. Mi gran duda ahora es si va a hacer lo mismo con el Hospital General de Valencia, que está controlado por una Diputación del PSOE.

¿Qué le parece el caso de las prácticas clínicas de los estudiantes de las universidades privadas?, ¿confía en una solución definitiva?

Ha sido un movimiento claramente ideológico, de ir en contra de las universidades privadas. Celebro que se haya solucionado para los estudiantes actuales pero no olvidemos que no lo está para los futuros estudiantes. En Castellón, por ejemplo, se está planteando que vayan al Hospital de Sagunto, que está a 50 kilómetros. En definitiva, que no se puede poner la sanidad al servicio de la política.